Centros de Internamiento de Extranjeros: una crueldad intolerable.

Se acerca el 15J y con ello una gran movilización popular contra la existencia de los Centros de Internamiento de extranjeros (CIE) y me viene a la cabeza el título de aquella genial comedia negra de los hermanos Cohen “Una crueldad intolerable”. Y es que unos centros de estas características no dejan de ser eso: algo cruel, injusto, desproporcionado y carente de sentido. Al mismo tiempo, reviso en estos días el fenomenal documento – Alternativas a la detención en el contexto del asilo y las migraciones- ”Alternatives todetention in the context of migration and asylum” (2015) de la red académica de estudios jurídicos sobre asilo y migraciones “Odysseus”, de los autores Philippe de Bruycker y Alice Bloomfield Evangelia y Tsourdi Joanna Pétin. 

 

Se trata de una investigación comparada realizada sobre los sistemas legales de Austria, Bélgica, Lituania, Eslovenia, Suecia y Reino Unido; países todos ellos donde se han implementado sistemas alternativos a la detención de migrantes. El interés de este trabajo reside especialmente en que muestra que dentro del ámbito de la normativa comunitaria es posible articular otras medidas más allá de la detención de migrantes por el mero hecho de una situación de estancia irregular. No olvidemos en ningún momento que los extranjeros que sufren internamiento por esta causa lo son por un incumplimiento administrativo y en ningún caso penal; ésta es una confusión muy frecuente en los discursos políticos y en los mensajes que se transmiten hacia la sociedad, donde se mezclan los términos y los conceptos acerca de la naturaleza de esta privación de libertad y se produce una clara criminalización de la inmigración presentando a los migrantes como un peligro para la sociedad, en lo que ha venido a llamarse en ciertos sectores doctrinales como “crimmigration”.

Pero ¿Por qué plantear alternativas a la detención? Aparte de las repetidas condenas por parte de la Corte Europea de Derechos Humanos de algunos estados miembros como Grecia, Malta, Bélgica o Francia referente a tratos inhumanos y degradantes durante la detención (Art. 3 del Convenio ECHR) y decisiones arbitrarias sobre la detención Art. 5 ECHR), existen importantes motivos por los que oponernos a este sistema de detenciones e internamientos:

- Políticas de detención ineficaces e ineficientes. La puesta en marcha y funcionamiento de este tipo de políticas no está convenientemente valorada y no existen estudios o evaluaciones fiables. Es más, el sistema de detenciones y expulsiones llega a ser concebido por los migrantes como una mal inevitable en todo el proceso migratorio y pierden, por lo tanto, cualquier pretendido carácter disuasorio.

- Elevados costes de la detención. En tiempos de crisis y recortes con especial incidencia en las políticas sociales, resulta difícil de justificar un sistema de centros al que dedicar ingentes recursos de los presupuestos públicos. Existen algunos estudios que elevan a la cifra de más de 100 euros por persona y día los costes del internamiento y eso sin contar con los gastos que produce la infraestructura y los servicios especializados. Dichos estudios no son demasiado fiables ya que chocan con la ausencia de datos y estadísticas oficiales ofrecidas por la Administración Pública. En todo caso, los costes de este tipo de centros están muy por encima de los que supone un centro de acogida abierto.

- Consecuencias de la detención en la salud física y psicológica de los migrantes. Se han reportado numerosos casos de diversos traumas y dolencias provocados por la situación de internamiento. Concretamente en España, hemos conocido casos de gran impacto mediático como las muertes de de Idrissa Diallo en el CIE de la zona Franca de Barcelona y de Samba Martine en el CIE de Aluche en Madrid. Ambas muertes se produjeron por una cierta descoordinación entre administraciones públicas y por una deficiente asistencia sanitaria en los centros de detención. Ambas muertes pudieran haber sido evitadas. Ciertamente, las situaciones de elevado estrés unido a la gran incertidumbre por la decisión sobre su futuro inmediato puede menoscabar gravemente la salud de los migrantes. Hay que recordar igualmente las situaciones de abusos y tratos degradantes que sufren los internos y me viene a la cabeza el caso de los abusos sexuales cometidos por funcionarios que custodiaban las instalaciones del ya desaparecido CIE de Málaga.

¿Existe algún camino diferente de está política represiva? Volviendo al estudio que mencionaba anteriormente, si lo hay y tiene perfecto encaje en la normativa europea. Existen medidas menos agresivas y limitadoras de los derechos de los extranjeros. Éstas medidas han venido a clasificarse en varios tipos: comparecencia, patrocinio por parte de un nacional del país o un extranjero de larga duración, fianza económica, residencia obligatoria (incluye centro de acogida, centros abiertos, centros privados, etc) y finalmente el uso de pulseras electrónicas. Descartada esta última medida por ser tanto o más gravosa que el propio internamiento, el resto de medidas nos abren todo un abanico de interesantes y novedosas posibilidades a aplicar en nuestro ordenamiento jurídico. Si bien es cierto que el extranjero cuya estancia en España no se encuentre amparada dentro de la normativa de extranjería está incurriendo en un incumplimiento administrativo, las medidas a tomar por parte de los poderes públicos deben ser proporcionadas, coherentes y tendentes a resolver dicha situación y ello no implica que tenga que acabar en la expulsión ya que también se puede poner fin a dicha situación regularizando su situación en determinados supuestos, por ejemplo. ¿A alguien se le ocurre por ejemplo que por llegar un día tarde al trabajo, la sanción que llevase aparejada sería la de despido inmediato sin posibilidad de recurso alguno? Absurdo. Pues en este sentido no sería nada descabellado articular un sistema de medidas graduales, de menor a mayor, que penalicen el incumplimiento de la ley de extranjería y vayan desde la simple amonestación hasta la aplicación de estas novedosas y alternativas medidas que mencioné más arriba.

Se trata, por lo tanto, de imponer la lógica y el sentido común en la aplicación de la norma aunque en el momento actual no parece que se opte por seguir esta línea y el claro ejemplo lo tenemos en las “expulsiones exprés” de los últimos tiempos. Pero eso ya es otra historia y será objeto de análisis en otra entrada.

Un DNI para migrantes sin autorización de residencia

Ha sido una noticia llamativa durante las últimas semanas: el alcalde de Nueva York ha puesto en marcha una iniciativa que consiste en documentar a los migrantes en situación irregular con un documento oficial que les permitirá acceder a servicios básicos y será al mismo tiempo aceptado por las autoridades como documento válido, reduciendo las posibilidades de deportación. En realidad, no se trata de un documento específico pensado para los migrantes pero sin duda, éstos han sido los que han acudido en masa a tramitarlo en los primeros momentos. 

Poco ha tardado aquí en España el candidato socialista a la alcaldía de Madrid; Antonio Miguel Carmona en dar la réplica, proponiendo la creación de un documento análogo al ya mencionado así como el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Pero ¿Qué viabilidad tienen éstas medidas en nuestro sistema migratorio?  

En principio, parece que ambas propuestas tienen poco recorrido. En todo caso, me centraré en la medida del documento. Una propuesta del ámbito municipal como dotar de un documento identificativo a los migrantes, con independencia de su situación administrativa, por muy bien intencionada y loable que sea, contaría con innumerables obstáculos de cara a su aplicación práctica. En España tenemos más de 8.000 municipios y no hay más que ver cómo una norma de ámbito estatal como la Ley de Bases de Régimen Local, en lo referente al empadronamiento de ciudadanos extranjeros, se aplica de manera desigual a criterio del alcalde de turno. ¿Cómo podemos esperar que una norma de éstas características sea aplicada de manera generalizada? O por el contrario ¿Es una medida a llevar a cabo exclusivamente en el municipio de Madrid ? Esto último, generaría una situación de agravio respecto a los ciudadanos extranjeros residentes en otras ciudades.

Al contrario, una propuesta de tal calado debería abordarse desde la Administración Central si queremos dotarla de algún sentido práctico. Teniendo en cuenta que el estado tiene competencias exclusivas sobre "Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo" según el artículo 149.2 de la Constitución, no resultaría descabellada la idea de establecer un documento identificativo para migrantes en situación irregular que en cualquier caso, no supondría otra cosa que una declaración obvia y sin embargo, ofrecería grandes dosis seguridad jurídica tanto para migrantes como autoridades y, por otro lado, ayudaría a delimitar los derechos y servicios básicos a los que tienen derecho los extranjeros por el mero hecho de encontrarse en nuestro país. No debemos tener miedo a la creación de dicho documento que, de cualquier modo, tendría todas las garantías al tratarse de un documento único oficial, conteniendo la información personal básica y en formato unificado del ciudadano extranjero, siendo muy útil y práctico a efectos identificativos. Este documento por sí solo no implicaría en ningún caso acceso privilegiado o derecho a obtener la autorización de residencia pero, por otro lado, no se puede volver la mirada hacia otro lado negando el hecho de que hay extranjeros que viven entre nosotros, aun no disponiendo de la autorización de residencia, y son sujetos titulares de derechos y obligaciones.

A esta última propuesta del candidato socialista a la alcaldía de Madrid le ha faltado ir un poco más allá y proponer directamente un documento de identificación en el ámbito estatal para extranjeros, con independencia de su situación administrativa en España. Se podrá decir que eso no es competencia municipal pero tampoco lo es la de pedir el cierre de un CIES y de cualquier modo, puestos a pedir...     

¿Por qué necesitamos una Agencia de Migraciones en España?

Fuente: Morgue File

Todavía tenemos reciente el #18D, el Día Internacional del Migrante, y no cesa el debate sobre las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla o cuestionando la existencia de los denominados "vuelos de la verguenza", por no hablar, más allá de nuestras fronteras,  de las polémicas movilizaciones islamófobas en Alemania del movimiento "Pegida". El debate migratorio está de plena de actualidad y aunque haya pasado de ser la 4ª o 5ª preocupación de los ciudadanos, la inmigración es esa incómoda cuestión que nadie quiere lanzar en campaña electoral, porque ciertamente resta votos, pero que está ahí en la primera línea de las decisiones públicas. Hace poco escuchamos a nuestro ministro del Interior decir, en referencia a las críticas hacia su política de "devoluciones en caliente" que si alguien se comprometía a sostener económicamente a esos inmigrantes subsaharianos que saltan la valla, que les diera su dirección que él se los enviaba. Fenomenal ha sido la respuesta de la periodista y escritora Mercé Rivas en su artículo de El Plural ¡Fernández, en marcha un subsahariano!  Lo que quiero decir, en definitiva es que estas declaraciones, al margen de su improcedencia y falta de sensibilidad, reflejan realmente una total falta de proyecto político migratorio que y se resuelve con una visión simplista y policial del problema.   

Señor Fernández, un Ministro al frente de un negociado tan importante como es el de gestionar los flujos migratorios no puede permitirse el lujo de decir que recurre a unas "devoluciones" de dudosa legalidad ya que no sabría cómo gestionar lo contrario. Es por ello, que desde hace tiempo es ya todo un clamor la necesidad de definir unas políticas migratorias claras y bien definidas y que traten de dar soluciones a los desafíos más importantes que se plantean ya que, mirar hacia otro lado, como se ha hecho hasta el momento, no se revela como una buena estrategia. En este sentido, el programa colaborativo presentado por Podemos a las pasadas elecciones europeas ha supuesto un atisbo de ilusión que esperemos no se vea edulcorado con el paso del tiempo, a la vez que se consolida esta fuerza política.  

Se necesita un giro sustancial en las políticas migratorias seguidas hasta el momento, generalmente subordinadas a las necesidades del mercado de trabajo pero ignorando las problemáticas que se presentan en todas las etapas por las que pasa el migrante desde que llega hasta que se consolida en este país. En este sentido, quiero plantear una cuestión organizativa que en ningún caso es secundaria, más bien se erige en pieza clave y punto de partida y catalizador para generar ese cambio sustancial de enfoque que se requiere. Me estoy refiriendo a la creación de una Agencia Estatal de Inmigración y Emigración.

La creación de esta Agencia, supondría la superación de las visiones policiales y de seguridad de las migraciones, al tiempo que se opta por un enfoque unitario y especializado en la gestión del fenómeno. La creación de esta Agencia es una vieja aspiración de determinados sectores y colectivos de nuestra sociedad y se justifica en 3 sencillos puntos:

1. Se trata de una fórmula organizativa de descentralización funcional, que permite un amplio nivel de autonomía y flexibilidad en la gestión, al mismo tiempo que refuerza los mecanismos de control de eficacia y responsabilización de resultados, lo que permite emprender una reforma integral del sistema migratorio. 

2. Supone el paso definitivo para resolver la cuestión de una gestión unitaria y por un ente especializado del fenómeno. Actualmente, el número de agentes estatales implicados, con muy diferentes aproximaciones y respuestas al mismo, dificultan una coordinación eficaz de éstas políticas. La Nueva Agencia asumiría las competencias hoy en día repartidas entre los ministerios de Interior; autorizaciones de residencia, documentación, etc., Empleo y Seguridad Social; integración, autorizaciones laborales, etc., Exteriores y Cooperación; visados, etc. Y esto sólo referente al escalón estatal de las administraciones, sin mencionar las competencias que además tienen las autonomías y ayuntamientos en el ámbito de la Integración , prestación de determinados servicios a inmigrantes... Esta Agencia Estatal aseguraría una clara uniformidad de criterios y procedimientos.

3. No implica grandes cambios legales a priori ya que encuentra su perfecta cobertura legal en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales. Además, su Disposición Adicional Tercera dispone la autorización expresa al gobierno de turno para su creación.

Por ello, en la normativa actual existen mecanismos que permiten obrar un giro y abrir un nuevo capítulo en las políticas migratorias de este país. Tan sólo hace falta decisión y valentía para acometer esta tarea.