Samba o los “invisibles” en el cine

En medio de estos rigores infernales del verano, hoy la entrada del blog no trata de leyes, reglamentos o sentencias sino del lado más humano de las migraciones. Quería hablar de “Samba”, una deliciosa película de los realizadores franceses Olivier Nakache y Eric Toledano, que ya dirigieron anteriormente la fenomenal “Intocable”. Debo reconocer que a mí me enganchó desde el “travelling” inicial en el que la cámara recorre una lujosa celebración en un hotel desde las salas de fiesta y de baile, en lo más alto de la pirámide social, pasando por los trabajadores y ciudadanos medios hasta lo más bajo de la escala, cocinas adentro, en el “submundo” de los trabajadores irregulares migrantes. Allí es donde encontramos a Samba Cissé, interpretado por el actor francés Omar Sy en el papel de un joven senegalés alto, fornido y bien parecido que lleva viviendo desde hace más de 10 años en situación de irregularidad en Francia, acogido gracias a la hospitalidad de su tío que tiene ya toda su documentación en regla.

Samba sueña con conseguir algún día los papeles pero la mala fortuna le tiene reservado un destino más macabro; es detenido en una redada a la salida del trabajo y llevado a un centro de internamiento. Allí conoce a Alice (Charlotte Gainsbourgh) ejecutiva en una empresa que atraviesa una crisis sentimental y laboral hasta el punto de abandonar momentáneamente su empleo para ser voluntaria en una ong que se encarga de asistir a los migrantes sin papeles. A partir de este encuentro casual, se desarrollan todos los acontecimientos de la trama principal. No voy a desvelar más detalles del argumento ya que recomiendo con insistencia verla, pero me interesa destacar aquí como la película refleja fielmente el laberinto en el que se encuentran los inmigrantes irregulares en Europa.

Ya resulta paradógico de por sí la salida de Samba del centro de internamiento por orden judicial pero manteniendo una orden de expulsión en vigor. “¿Entonces tengo una orden de expulsión y soy libre?” Exclama Samba con perplejidad. Nada ajeno a este mundo de contradicciones de las leyes migratorias. En otro momento de la película Samba no entiende por qué les llaman “Sin papeles” porque ciertamente “Los sin papeles tienen muchos papeles”. Con su recién estrenada “libertad-expulsión” Samba deberá cambiar de estrategia y siguiendo el consejo de su tío, vestirá un traje elegante lo que le hace sentirse objeto de todas las miradas por la calle. Pero Samba tiene que buscarse la vida y al no tener documentos, siempre tendrá que hacerlo al filo de la clandestinidad y la marginalidad. De hecho, en dos momentos de la película tiene que salir huyendo del lugar donde trabaja para no ser nuevamente detenido por la policía. Samba tiene un amigo argelino que tiene que ocultar su verdadera nacionalidad y decir que es portugués para evitar sufrir discriminación. En otra ocasión, tiene que pelearse con otro grupo de inmigrantes para ser elegido y subir a una furgoneta que le lleve a trabajar a destajo por un sueldo miserable. Todo sacrificio es poco con tal de conseguir el ansiado sueño. Todas estas realidades no son ajenas a la vida del migrante.

La película mantiene en todo momento un tono optimista y positivo que en cierta manera dulcifica la dramática realidad de los migrantes en Europa. Migrantes invisibles, clandestinos, ocultos, sombras en nuestras ciudades europeas a los que se les da voz gracias a esta gran película.

                                          Trailer de Samba en español

Centros de Internamiento de Extranjeros: una crueldad intolerable.

Se acerca el 15J y con ello una gran movilización popular contra la existencia de los Centros de Internamiento de extranjeros (CIE) y me viene a la cabeza el título de aquella genial comedia negra de los hermanos Cohen “Una crueldad intolerable”. Y es que unos centros de estas características no dejan de ser eso: algo cruel, injusto, desproporcionado y carente de sentido. Al mismo tiempo, reviso en estos días el fenomenal documento – Alternativas a la detención en el contexto del asilo y las migraciones- ”Alternatives todetention in the context of migration and asylum” (2015) de la red académica de estudios jurídicos sobre asilo y migraciones “Odysseus”, de los autores Philippe de Bruycker y Alice Bloomfield Evangelia y Tsourdi Joanna Pétin. 

 

Se trata de una investigación comparada realizada sobre los sistemas legales de Austria, Bélgica, Lituania, Eslovenia, Suecia y Reino Unido; países todos ellos donde se han implementado sistemas alternativos a la detención de migrantes. El interés de este trabajo reside especialmente en que muestra que dentro del ámbito de la normativa comunitaria es posible articular otras medidas más allá de la detención de migrantes por el mero hecho de una situación de estancia irregular. No olvidemos en ningún momento que los extranjeros que sufren internamiento por esta causa lo son por un incumplimiento administrativo y en ningún caso penal; ésta es una confusión muy frecuente en los discursos políticos y en los mensajes que se transmiten hacia la sociedad, donde se mezclan los términos y los conceptos acerca de la naturaleza de esta privación de libertad y se produce una clara criminalización de la inmigración presentando a los migrantes como un peligro para la sociedad, en lo que ha venido a llamarse en ciertos sectores doctrinales como “crimmigration”.

Pero ¿Por qué plantear alternativas a la detención? Aparte de las repetidas condenas por parte de la Corte Europea de Derechos Humanos de algunos estados miembros como Grecia, Malta, Bélgica o Francia referente a tratos inhumanos y degradantes durante la detención (Art. 3 del Convenio ECHR) y decisiones arbitrarias sobre la detención Art. 5 ECHR), existen importantes motivos por los que oponernos a este sistema de detenciones e internamientos:

- Políticas de detención ineficaces e ineficientes. La puesta en marcha y funcionamiento de este tipo de políticas no está convenientemente valorada y no existen estudios o evaluaciones fiables. Es más, el sistema de detenciones y expulsiones llega a ser concebido por los migrantes como una mal inevitable en todo el proceso migratorio y pierden, por lo tanto, cualquier pretendido carácter disuasorio.

- Elevados costes de la detención. En tiempos de crisis y recortes con especial incidencia en las políticas sociales, resulta difícil de justificar un sistema de centros al que dedicar ingentes recursos de los presupuestos públicos. Existen algunos estudios que elevan a la cifra de más de 100 euros por persona y día los costes del internamiento y eso sin contar con los gastos que produce la infraestructura y los servicios especializados. Dichos estudios no son demasiado fiables ya que chocan con la ausencia de datos y estadísticas oficiales ofrecidas por la Administración Pública. En todo caso, los costes de este tipo de centros están muy por encima de los que supone un centro de acogida abierto.

- Consecuencias de la detención en la salud física y psicológica de los migrantes. Se han reportado numerosos casos de diversos traumas y dolencias provocados por la situación de internamiento. Concretamente en España, hemos conocido casos de gran impacto mediático como las muertes de de Idrissa Diallo en el CIE de la zona Franca de Barcelona y de Samba Martine en el CIE de Aluche en Madrid. Ambas muertes se produjeron por una cierta descoordinación entre administraciones públicas y por una deficiente asistencia sanitaria en los centros de detención. Ambas muertes pudieran haber sido evitadas. Ciertamente, las situaciones de elevado estrés unido a la gran incertidumbre por la decisión sobre su futuro inmediato puede menoscabar gravemente la salud de los migrantes. Hay que recordar igualmente las situaciones de abusos y tratos degradantes que sufren los internos y me viene a la cabeza el caso de los abusos sexuales cometidos por funcionarios que custodiaban las instalaciones del ya desaparecido CIE de Málaga.

¿Existe algún camino diferente de está política represiva? Volviendo al estudio que mencionaba anteriormente, si lo hay y tiene perfecto encaje en la normativa europea. Existen medidas menos agresivas y limitadoras de los derechos de los extranjeros. Éstas medidas han venido a clasificarse en varios tipos: comparecencia, patrocinio por parte de un nacional del país o un extranjero de larga duración, fianza económica, residencia obligatoria (incluye centro de acogida, centros abiertos, centros privados, etc) y finalmente el uso de pulseras electrónicas. Descartada esta última medida por ser tanto o más gravosa que el propio internamiento, el resto de medidas nos abren todo un abanico de interesantes y novedosas posibilidades a aplicar en nuestro ordenamiento jurídico. Si bien es cierto que el extranjero cuya estancia en España no se encuentre amparada dentro de la normativa de extranjería está incurriendo en un incumplimiento administrativo, las medidas a tomar por parte de los poderes públicos deben ser proporcionadas, coherentes y tendentes a resolver dicha situación y ello no implica que tenga que acabar en la expulsión ya que también se puede poner fin a dicha situación regularizando su situación en determinados supuestos, por ejemplo. ¿A alguien se le ocurre por ejemplo que por llegar un día tarde al trabajo, la sanción que llevase aparejada sería la de despido inmediato sin posibilidad de recurso alguno? Absurdo. Pues en este sentido no sería nada descabellado articular un sistema de medidas graduales, de menor a mayor, que penalicen el incumplimiento de la ley de extranjería y vayan desde la simple amonestación hasta la aplicación de estas novedosas y alternativas medidas que mencioné más arriba.

Se trata, por lo tanto, de imponer la lógica y el sentido común en la aplicación de la norma aunque en el momento actual no parece que se opte por seguir esta línea y el claro ejemplo lo tenemos en las “expulsiones exprés” de los últimos tiempos. Pero eso ya es otra historia y será objeto de análisis en otra entrada.

MIR (Médicos Internos Residentes) Extracomunitarios. 3 = 0

Los Médicos Internos Residentes (MIR), extracomunitarios que trabajan y se forman en los centros sanitarios de España vienen sufriendo de una situación injusta desde hace ya varios años. Y no hablamos de un colectivo pequeño ya que afecta al 4% del total de profesionales del sector. Y ello se produce en una doble vertiente: dificultades para acceder a las prestaciones por desempleo una vez que finalizan su contrato en España, generándose una situación de discriminación de hecho de difícil justificación. Toda vez que estos profesionales sanitarios ejercen la misma actividad que cualquier otro MIR, se rigen por la misma normativa que regula dicha relación laboral de carácter especial (regulada por Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud) y tienen las mismas obligaciones, pero a la hora de referirnos a la protección frente a diversas contingencias, la situación dista mucho de ser similar. Por otro lado, existen numerosas trabas y dificultades para que éstos profesionales accedan a una autorización de residencia y trabajo después de haber finalizado su periodo de formación.

Respecto de la primera situación discriminatoria, hay que decir que encuentra su cabida legal Disposición adicional decimosexta del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 referido a la Cotización por la contingencia de desempleo

“En las contrataciones de los extranjeros titulares de las autorizaciones de trabajo para actividades de duración determinada y para estudiantes no se cotizará por la contingencia de desempleo”.

A partir de aquí, la aplicación de la norma es desigual a lo largo del territorio nacional: desde cotizaciones por la contingencia de desempleo indebidas, imposibilidad de cobrar el desempleo después, peticiones de devolución por parte del Sepe de las prestaciones percibidas, imposibilidad de acceder al APRE (Abono acumulado y anticipado para extranjeros de la prestación contributiva)...

En todo caso, no hay que olvidar que a los MIR extracomunitarios se les documenta con una autorización de estancia por estudios y que para su modificación a una autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena deberá seguirse el rígido procedimiento previsto en el artículo 199 del Reglamento de la Ley de Extranjería que prevé, entre otras cosas, que la estancia haya sido de 3 años.

Existen no obstante ya algunas sentencias de diferentes Tribunales Superiores de Justicia y juzgados de lo social en el sentido de reconocer el derecho a percibir la prestación por desempleo (por ejemplo Sentencia dictada el 20 de noviembre de 2013 por la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña en el Recurso de Suplicación no 4141/2013, que reconoce la prestación por desempleo a un MIR de nacionalidad mejicana), por un lado, y a la modificación de la autorización de estancia por estudios a una autorización de residencia y trabajo.

Porque ese es otro de los caballos de batalla de este castigado colectivo, la transformación de esa autorización de estancia en un verdadero permiso de residencia. Como ya vimos anteriormente, sólo puede realizarse a partir del tercer año. En este sentido, no son pocos los MIR que acuden a medidas desesperadas tales como contraer matrimonio con un ciudadano comunitario o residente legal o incluso acceden a la residencia a través de la surrealista vía de conseguir un contrato de servicios en el hogar familiar.

Frente a esta situación descrita conviene realizar dos consideraciones:

1. Por las peculiaridades del propio MIR que combina formación y trabajo y éste se desarrolla en el Sistema Nacional de Salud, parece de sentido común eliminar las desigualdades que se producen entre los MIR locales y foráneos en el sentido de permitir que coticen por desempleo y accedan a los mismos beneficios y prestaciones ya que están equiparados en obligaciones.

2. Del mismo modo, sería conveniente replantear el sistema de acceso de los post-MIR a la autorización de trabajo y residencia. No tiene sentido que estemos formando a profesionales cualificados para que luego ese talento sea aprovechado por otros.

En definitiva, lo que se trata es adaptar la normativa de extranjería a las exigencias del día a día y, en todo caso, buscar una aplicación práctica, de sentido común y no tan alejada del mundo real.

Un DNI para migrantes sin autorización de residencia

Ha sido una noticia llamativa durante las últimas semanas: el alcalde de Nueva York ha puesto en marcha una iniciativa que consiste en documentar a los migrantes en situación irregular con un documento oficial que les permitirá acceder a servicios básicos y será al mismo tiempo aceptado por las autoridades como documento válido, reduciendo las posibilidades de deportación. En realidad, no se trata de un documento específico pensado para los migrantes pero sin duda, éstos han sido los que han acudido en masa a tramitarlo en los primeros momentos. 

Poco ha tardado aquí en España el candidato socialista a la alcaldía de Madrid; Antonio Miguel Carmona en dar la réplica, proponiendo la creación de un documento análogo al ya mencionado así como el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Pero ¿Qué viabilidad tienen éstas medidas en nuestro sistema migratorio?  

En principio, parece que ambas propuestas tienen poco recorrido. En todo caso, me centraré en la medida del documento. Una propuesta del ámbito municipal como dotar de un documento identificativo a los migrantes, con independencia de su situación administrativa, por muy bien intencionada y loable que sea, contaría con innumerables obstáculos de cara a su aplicación práctica. En España tenemos más de 8.000 municipios y no hay más que ver cómo una norma de ámbito estatal como la Ley de Bases de Régimen Local, en lo referente al empadronamiento de ciudadanos extranjeros, se aplica de manera desigual a criterio del alcalde de turno. ¿Cómo podemos esperar que una norma de éstas características sea aplicada de manera generalizada? O por el contrario ¿Es una medida a llevar a cabo exclusivamente en el municipio de Madrid ? Esto último, generaría una situación de agravio respecto a los ciudadanos extranjeros residentes en otras ciudades.

Al contrario, una propuesta de tal calado debería abordarse desde la Administración Central si queremos dotarla de algún sentido práctico. Teniendo en cuenta que el estado tiene competencias exclusivas sobre "Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo" según el artículo 149.2 de la Constitución, no resultaría descabellada la idea de establecer un documento identificativo para migrantes en situación irregular que en cualquier caso, no supondría otra cosa que una declaración obvia y sin embargo, ofrecería grandes dosis seguridad jurídica tanto para migrantes como autoridades y, por otro lado, ayudaría a delimitar los derechos y servicios básicos a los que tienen derecho los extranjeros por el mero hecho de encontrarse en nuestro país. No debemos tener miedo a la creación de dicho documento que, de cualquier modo, tendría todas las garantías al tratarse de un documento único oficial, conteniendo la información personal básica y en formato unificado del ciudadano extranjero, siendo muy útil y práctico a efectos identificativos. Este documento por sí solo no implicaría en ningún caso acceso privilegiado o derecho a obtener la autorización de residencia pero, por otro lado, no se puede volver la mirada hacia otro lado negando el hecho de que hay extranjeros que viven entre nosotros, aun no disponiendo de la autorización de residencia, y son sujetos titulares de derechos y obligaciones.

A esta última propuesta del candidato socialista a la alcaldía de Madrid le ha faltado ir un poco más allá y proponer directamente un documento de identificación en el ámbito estatal para extranjeros, con independencia de su situación administrativa en España. Se podrá decir que eso no es competencia municipal pero tampoco lo es la de pedir el cierre de un CIES y de cualquier modo, puestos a pedir...