¿Hacia
dónde deben ir políticas españolas de inmigración?
Introducción
Somos testigos una vez más al eterno
debate sobre las políticas migratorias, que se recrudece de manera
especial en períodos electorales siendo utilizado como arma
arrojadiza entre partidos políticos de distinto signo, en función
de la dureza o laxitud de las medidas propuestas. Conviene no olvidar
que los movimientos migratorios son fenómenos sociales
complejos que producen efectos a largo plazo y esto va mucho más
lejos que el acalorado debate político del momento o una reforma
puntual de esta ley o aquel reglamento. La primera preocupación de
los poderes públicos debería ser la de construir un sistema
jurídico que permita el desarrollo normal de éstos movimientos
migratorios dentro del marco del respeto a las leyes, la Constitución
y los tratados internacionales. En definitiva, esto no es otra cosa
que marcar unos objetivos en política migratoria y una vez
establecidos éstos, elaborar las normas tendentes a la consecución
de dichos objetivos por lo que las normas no tienen otro carácter
que el instrumental. Con ello, obtendríamos todo un sistema
normativo sólido y coherente; alejado de los vaivenes políticos que
producen normas sucesivas incluso de sentido opuesto o que responda a
las polémicas de cada momento.
Panorama
actual
La
política actual de inmigración española, al igual que las de su
entorno más cercano, es una política de marcado carácter
restrictivo. Más que una política de inmigración, parece
diseñada para poner trabas a la llegada de extranjeros a nuestro
país. Hay que tener en cuenta que la normativa actual, es en gran
medida tributaria de las leyes migratorias que fueron dictadas en
pleno auge de la llegada de extranjeros a España al calor de la
prosperidad económica.
Hay
que decir que éstas normas impiden prácticamente en la totalidad de
los casos, la llegada de inmigrantes a nuestro país por los cauces
legales. Las consecuencias de esto son las entradas irregulares
por vía marítima, saltando las vallas de Ceuta y Melilla o
prolongando las estancias turísticas más allá de lo autorizado. De
igual manera, esto produce que el volumen de personas inmigrantes que
trabajan en la economía sumergida sea elevado y al mismo tiempo la
“bolsa” de irregularidad crezca cada vez más y más.
Cambio
de paradigma
Hoy
la situación es muy distinta a la descrita anteriormente. Volvemos a
ser un país de emigración. En el año 2013, según el INE
salieron del país cerca de medio millón de personas siendo su gran
mayoría extranjeros y a partir del año 2012, el saldo migratorio es
negativo, lo que quiere decir que se marchan más personas que las
que vienen. En este contexto, a mi juicio no tiene mucho sentido
mantener esta política tan restrictiva en aras de “protegernos”
frente a una pretendida invasión de inmigrantes que vienen desde el
África subsahariana. Nos encontramos en el momento idóneo para
afrontar la tarea de crear un verdadero sistema de gestión de los
movimientos migratorios y, sobre todo, de consolidación y ampliación
de los derechos de los migrantes. Más ahora, si tenemos en cuenta
que muchos compatriotas que se ven obligados a buscar un futuro mejor
lejos de nuestras fronteras, sufren el día a día, las vicisitudes y
determinadas lagunas jurídicas que conlleva la condición de
migrante. Debemos trabajar en la doble dirección de reconocimiento
de derechos para todos los migrantes: tanto los de aquí que se
marchan fuera, como los extranjeros que vienen a España, ya sea con
carácter definitivo o en tránsito. Al hilo de este punto, es
pertinente recordar que existe una Convención internacional sobre
la protección de los derechos
de todos los trabajadores migratorios
y de sus familiares, que por cierto, no ha sido ratificada por
España ni por ningún otro país del entorno europeo.
Retomando
el hilo, éste sistema migratorio que necesita España debería ser
capaz de responder a los siguientes retos:
1.
Entrada y visados: Toda la política de
entrada y visados debe reorientarse y caminar hacia un régimen que
introduzca mecanismos ágiles de tramitación y obtención del
visado, facilitar el acceso a las dependencias consulares,
ofrecer información sobre los diferentes trámites y requisitos y
responder a las nuevas necesidades de nuestro tiempo: visados de
mayor duración, de entradas múltiples, viajes de urgencia, etc. Lo
que no es de recibo es que nuestras oficinas diplomáticas
funcionen con sistemas informáticos del S.XXI, normas y
procedimientos del S.XX y personal que pareciera haber sido formado
en el S.XIX. ¿Quién no ha tenido alguna mala experiencia con un
trámite consular?
2.
Lucha contra la explotación laboral: Aun
hoy en día, el colectivo inmigrante se convierte en un objetivo
fácil de empresarios sin escrúpulos quienes, sirviéndose muchas
veces de unas condiciones de mayor vulnerabilidad o de necesidad,
contratan trabajadores migrantes en situación irregular y en
condiciones precarias. Se revela necesario articular mecanismos para
prevenir este tipo de situaciones; bien reforzando la acción
inspectora y sancionadora, bien introduciendo procedimientos de
arraigo laboral efectivos, que permitan la regularización del
inmigrante que recordemos es una víctima y no un infractor, ya de
por sí integrado laboralmente en nuestra sociedad. El sistema actual
de arraigo laboral no funciona ya que las condiciones a cumplir por
parte del inmigrante lo hacen prácticamente inviable. En este
sentido, acreditar una relación laboral de 6 meses debería ser más
que suficiente para acceder a esta vía de regularización.
3.
Posicionamiento frente a las expulsiones: si
bien es cierto que la norma debe servir a las necesidades de todas
aquellas personas que deseen venir a España y facilitar el viaje de
forma regular en un plazo razonable, al mismo tiempo, la consecuencia
de infringir la norma debe terminar en la expulsión del país. En
todo caso, un sistema migratorio respetuoso con los tratados
internacionales debe terminar con el vergonzoso sistema de
internamientos en los CIEs y ofrecer alternativas menos
restrictivas de derechos como la retirada del pasaporte o la
presentación periódica en instancias oficiales. Las medidas
coercitivas deberían ser las últimas a tomar.
4.
Prevenir la irregularidad: un sistema
migratorio coherente y equitativo debe dotarse de mecanismos de
cierre del sistema que en última instancia, impidan situaciones de
irregularidad sobrevenida por circunstancias extraordinarias. Son
múltiples las vicisitudes que pueden surgir en la vida del migrante
y que dificulten la normal renovación de sus permisos: razones
humanitarias, médicas, etc. Del mismo modo, debe existir un
mecanismo de cierre que finalmente permita la regularización por el
transcurso del tiempo, ante la incapacidad de la administración de
llevar a cabo la expulsión de un inmigrante. Parece que el plazo de
5 años para acceder al arraigo es más que razonable.
5.
Acceso a la Nacionalidad: es la máxima
expresión de la integración de los inmigrantes en un país.
En este sentido, debe tenderse a la unificación de criterios en lo
referente a pruebas de integración. No me termina de quedar clara la
existencia de un procedimiento discrecional de concesión de
nacionalidad por carta de naturaleza. Parece más bien una
reminiscencia del pasado, otorgar al gobierno de turno la facultad de
conceder la nacionalidad de manera discrecional, saltándose las
reglas del juego. Tal vez podría arbitrarse un sistema preferente de
acceso a la nacionalidad por una serie de méritos tasados y
regulados por la ley. Otra opción podría ser la de que esta
facultad la otorgarse el Congreso y no el gobierno.
Conclusión
Como
puede observarse, queda mucho camino por recorrer pero como decía
anteriormente, nos encontramos en un buen momento para operar el
cambio de orientación que las políticas migratorias requieren. Es
aconsejable así mismo vincular la inmigración y la emigración
dentro del mismo orden de políticas ya que son, en definitiva, dos
caras de la misma moneda y comparten muchos puntos de conexión,
sobre todo en lo referente a derechos de los migrantes.
De
igual manera, debe abandonarse la concepción de la inmigración
como una cuestión de orden público y como ya dije en otra entrada de este blog, el grueso de las competencias en inmigración
deben trasladarse desde el Ministerio del Interior hasta la futura
Agencia de Inmigración y Emigración que debería crearse
como máximo órgano regulador e impulsor de la gestión de flujos
migratorios.
