Ha sido una noticia llamativa durante las últimas semanas: el alcalde de Nueva York ha puesto en marcha una iniciativa que consiste en documentar a los migrantes en situación irregular con un documento oficial que les permitirá acceder a servicios básicos y será al mismo tiempo aceptado por las autoridades como documento válido, reduciendo las posibilidades de deportación. En realidad, no se trata de un documento específico pensado para los migrantes pero sin duda, éstos han sido los que han acudido en masa a tramitarlo en los primeros momentos.
Poco ha tardado aquí en España el candidato socialista a la alcaldía de Madrid; Antonio Miguel Carmona en dar la réplica, proponiendo la creación de un documento análogo al ya mencionado así como el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Pero ¿Qué viabilidad tienen éstas medidas en nuestro sistema migratorio?
En principio, parece que ambas propuestas tienen poco recorrido. En todo caso, me centraré en la medida del documento. Una propuesta del ámbito municipal como dotar de un documento identificativo a los migrantes, con independencia de su situación administrativa, por muy bien intencionada y loable que sea, contaría con innumerables obstáculos de cara a su aplicación práctica. En España tenemos más de 8.000 municipios y no hay más que ver cómo una norma de ámbito estatal como la Ley de Bases de Régimen Local, en lo referente al empadronamiento de ciudadanos extranjeros, se aplica de manera desigual a criterio del alcalde de turno. ¿Cómo podemos esperar que una norma de éstas características sea aplicada de manera generalizada? O por el contrario ¿Es una medida a llevar a cabo exclusivamente en el municipio de Madrid ? Esto último, generaría una situación de agravio respecto a los ciudadanos extranjeros residentes en otras ciudades.
Al contrario, una propuesta de tal calado debería abordarse desde la Administración Central si queremos dotarla de algún sentido práctico. Teniendo en cuenta que el estado tiene competencias exclusivas sobre "Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo" según el artículo 149.2 de la Constitución, no resultaría descabellada la idea de establecer un documento identificativo para migrantes en situación irregular que en cualquier caso, no supondría otra cosa que una declaración obvia y sin embargo, ofrecería grandes dosis seguridad jurídica tanto para migrantes como autoridades y, por otro lado, ayudaría a delimitar los derechos y servicios básicos a los que tienen derecho los extranjeros por el mero hecho de encontrarse en nuestro país. No debemos tener miedo a la creación de dicho documento que, de cualquier modo, tendría todas las garantías al tratarse de un documento único oficial, conteniendo la información personal básica y en formato unificado del ciudadano extranjero, siendo muy útil y práctico a efectos identificativos. Este documento por sí solo no implicaría en ningún caso acceso privilegiado o derecho a obtener la autorización de residencia pero, por otro lado, no se puede volver la mirada hacia otro lado negando el hecho de que hay extranjeros que viven entre nosotros, aun no disponiendo de la autorización de residencia, y son sujetos titulares de derechos y obligaciones.
A esta última propuesta del candidato socialista a la alcaldía de Madrid le ha faltado ir un poco más allá y proponer directamente un documento de identificación en el ámbito estatal para extranjeros, con independencia de su situación administrativa en España. Se podrá decir que eso no es competencia municipal pero tampoco lo es la de pedir el cierre de un CIES y de cualquier modo, puestos a pedir...
Al contrario, una propuesta de tal calado debería abordarse desde la Administración Central si queremos dotarla de algún sentido práctico. Teniendo en cuenta que el estado tiene competencias exclusivas sobre "Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo" según el artículo 149.2 de la Constitución, no resultaría descabellada la idea de establecer un documento identificativo para migrantes en situación irregular que en cualquier caso, no supondría otra cosa que una declaración obvia y sin embargo, ofrecería grandes dosis seguridad jurídica tanto para migrantes como autoridades y, por otro lado, ayudaría a delimitar los derechos y servicios básicos a los que tienen derecho los extranjeros por el mero hecho de encontrarse en nuestro país. No debemos tener miedo a la creación de dicho documento que, de cualquier modo, tendría todas las garantías al tratarse de un documento único oficial, conteniendo la información personal básica y en formato unificado del ciudadano extranjero, siendo muy útil y práctico a efectos identificativos. Este documento por sí solo no implicaría en ningún caso acceso privilegiado o derecho a obtener la autorización de residencia pero, por otro lado, no se puede volver la mirada hacia otro lado negando el hecho de que hay extranjeros que viven entre nosotros, aun no disponiendo de la autorización de residencia, y son sujetos titulares de derechos y obligaciones.
A esta última propuesta del candidato socialista a la alcaldía de Madrid le ha faltado ir un poco más allá y proponer directamente un documento de identificación en el ámbito estatal para extranjeros, con independencia de su situación administrativa en España. Se podrá decir que eso no es competencia municipal pero tampoco lo es la de pedir el cierre de un CIES y de cualquier modo, puestos a pedir...
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